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Transporte y Distribución. Se paga por este concepto el transporte de la energía desde el lugar de generación hasta el de consumo. De ese transporte se encarga una empresa semipública, Red Eléctrica Española (REE), operador técnico del sistema eléctrico.
Servicio de Interrumpibilidad. Es un servicio que se presta a la gran industria que es gran consumidora de energía (papeleras, cementeras, RENFE). Cuando hay una fuerte demanda de energía en el sistema y para evitar posibles cortes de suministro a los pequeños consumidores, se obliga a esas grandes industrias a reducir su consumo a cambio de una compensación económica, compensación que corre a cargo, cómo no, de los consumidores. El asunto tendría alguna lógica si el sistema no pudiera dar respuesta a la demanda, pero carece por completo de ella habida cuenta de que nuestro sistema eléctrico está sobredimensionado, pues tiene un exceso de capacidad instalada de más del doble de la necesaria en los picos de demanda; de hecho, no se hace uso de este servicio desde 2009.
Primas a las energías renovables. Desde 2004 y, sobre todo, desde 2007, mediante los Reales Decretos 436/2004 y 661/2007, las energías renovables están incentivadas económicamente para formar parte del “mix” energético español. El objetivo de esos incentivos fue paliar uno de los grandes problemas de la economía española, la fuerte dependencia exterior de los productos energéticos. En efecto, España importa entre el 75 y el 80% de toda la energía primaria que consume, lo que significa que cada año se tienen que destinar a cubrir esas necesidades entre 35.000 y 45.000 millones de euros. Las energías renovables permiten reducir esas importaciones, proporcionando un cierto grado de independencia energética.
Anualidad del déficit de tarifa. Genuina “Marca España” por excelencia. No hay nada equivalente en los países de nuestro entorno. Por déficit de tarifa se entiende la diferencia que existe entre los costes reconocidos a las empresas eléctricas y los ingresos obtenidos a través de las tarifas reguladas que pagamos los consumidores. Es decir, es un déficit “regulatorio”, no económico, lo que significa que es un déficit supuesto, aunque admitido como real por los sucesivos Gobiernos que se han enfrentado con esta cuestión. El déficit de tarifa se genera cada año, pero en absoluto cabe interpretarlo como pérdidas económicas reales de las compañías productoras de electricidad. Se paga a plazos año tras año, al estar titulizado.
Costes extra peninsulares. Las centrales eléctricas situadas en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla llevan aparejados costes de explotación mayores que las peninsulares. Para mantener el principio de equidad, que se traduce en una tarifa eléctrica única para todos los consumidores independientemente de su lugar de residencia, el precio que pagan los consumidores insulares es igual que el satisfecho por los peninsulares, con lo que el sobrecoste por la generación extra peninsular se reparta entre todos por igual.
Incentivos a la disponibilidad y a la inversión. Las centrales de gas y carbón obtienen una remuneración extra por el mero hecho de existir. Esto ocurre en un sistema como el nuestro, que como se ha dicho con anterioridad, está sobredimensionado. En los dos últimos años, hasta un total de 13 centrales de ciclo combinado funcionaron cero horas, pero cobraron por estar disponibles.
Primas al carbón nacional. Con objeto de mantener abiertas las cuencas mineras del noroeste de España, el precio al que se paga el carbón nacional está subvencionado, pues de otra forma el carbón de importación, más barato que el de las cuencas mineras, haría que estas tuvieran que cerrar.
Unas brevísimas conclusiones
Es obvio que obtener energía es costoso y muchos de los gastos que acarrea su obtención son imprescindibles para el correcto funcionamiento del sistema, pero los ciudadanos nos merecemos saber qué cuesta y por qué cuesta eso. En definitiva, nos merecemos claridad y transparencia.
Fuente: C de Comunicacion.
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